Desde el siglo XIX ha predominado la idea de que la guerra de castas de Yucatán -iniciada en 1847 y que se prolongó de manera intermitente durante toda la segunda mitad del siglo XIX- llevó a Belice solamente beneficios tanto por el comercio de armas con los mayas rebeldes como por la explotación de los bosques de la zona sudoriental de la península e inclusive de la fuerza de trabajo indígena. Sin embargo, ese provecho, a nuestro entender, tuvo un costo que se antoja alto si se ve la otra cara de la moneda. Para proporcionar un retrato escrito de ese reverso de la historia de las relaciones entre Yucatán y Belice, en este trabajo presentamos los diversos proyectos de los criollos yucatecos planteados antes de ese conflicto para la colonización del norte del río Hondo -región que comprendía gran parte del extenso partido de Bacalar-, acción que se concebía como un medio "prudente" para contener el avance inglés sobre el territorio peninsular. Esto a fin de observar cómo la guerra de castas generó, paradójicamente, una solución a esa anhelado proyecto colonizador de las autoridades yucatecas.

Colonización: éxito inglés y fracaso español

Hacia mediados del siglo XVII, los corsarios ingleses habían comenzado a incursionar en las costas orientales de la península yucateca con el objeto de explotar el palo de tinte. Los intentos de la Corona española por repelerlos fueron diversos pero prácticamente infructuosos. Lo mismo se puede decir de sus proyectos para romper el monopolio inglés en la explotación y comercialización del palo de tinte y también de sus intentos por frenar el contrabando inglés en la península. Acaso el único logro es que hasta mediados del siglo XVIII los ingleses no habían podido tener una población estable. Pero por diversos tratados celebrados por España e Inglaterra en el periodo de 1763 y 1802 después de sus confrontaciones bélicas, los ingleses tuvieron una relativa libertad para proceder a la explotación de los recursos naturales en lo que ahora es Belice. Aunque cabe decir que en distintos momentos de ese mismo periodo la Corona retomó su propósito de expulsar a los colonos británicos. El último intento serio fue en 1798 pero fracasó como las anteriores expediciones ¹ . Esto fue cuando el gobernador de Yucatán Arturo O'Neill dirigió una expedición de tres mil hombres. Sin embargo, la empresa fue un rotundo fracaso, hasta que finalmente en 1802 con el Tratado de Amiens, España con su silencio al respecto ratificó tácitamente la Convención Ampliatoria de Londres de 1786, es decir el derecho de los ingleses para continuar la explotación de sus riquezas forestales y marinas. ² .

     En el período de entreguerras (1804-1821) las autoridades españolas fueron abandonando poco a poco la vigilancia del establecimiento del río Walis. Estaban más preocupadas por resolver los problemas inmediatos que la situación bélica les imponía -Francia primero y las guerras de emancipación americana después- por lo que el usufructo de estas tierras quedó en el poder de los ingleses hasta convertirse en colonia británica .³

    En el siglo XIX, con el arribo de México a la vida independiente, el establecimiento inglés continuó siendo causa de conflictos. Inglaterra firmó en 1826 un tratado de amistad y comercio con la naciente república mexicana y reconoció su estatus jurídico, en esa ocasión sólo se hizo referencia al derecho de permanencia de los ingleses al sur del río Hondo, estipulandose que no deberían ser molestados bajo ningún pretexto. ⁴

    Si bien los ingleses tuvieron éxito en sus propósitos de colonizar el gran parte de los territorios del sur del río Hondo, a pesar de la oposición de la corona española, la colonización del norte de ese mismo río -prácticamente todo el territorio que hoy ocupa el actual estado de Quintana Roo- por parte de los españoles no había corrido la misma suerte y desde la época colonial había quedado como una gran zona de refugio indígena.

    En ese gran espacio solamente la Villa Salamanca de Bacalar -situada a orillas de la laguna del mismo nombre- constituía un asentamiento de importancia, dado su papel de puesto de abastecimiento para los viajeros y comerciantes que iban hacia Centroamérica⁵. De hecho desde la fundación de esa villa (1545) en la antigua provincia de Uaymil-Chetumal, último baluarte de la independencia maya fue considerada por los conquistadores de Yucatán como el último acto de su empresa iniciada en 1526. Esto a pesar de que en un principio muy pocos colonos quisieron avecindarse en la nueva colonia, debido principalmente a su insalubridad y, por supuesto, a la escasez de mano de obra, pues gran parte de los mayas de esa provincia migraron hacia distintos puntos inaccesibles de la misma provincia e inclusive hacia el Petén guatemalteco, como lo habían hecho los del oriente de la península que no quisieron soportar el yugo extranjero. Tendencia que se acentuó aun más después de que los españoles sofocaron la gran rebelión de 1546-1547 que llevaron a efecto los mayas del oriente y los de esta zona. ⁶

    Por lo tanto la característica principal de la antigua provincia de Uaymil-Chetumal o de lo que pasó luego a ser ya en en la primera mitad del siglo XIX el partido de Bacalar fue su precaria colonización. Para dar una idea de esto diremos que para 1846, un año antes de la guerra de castas, solamente contaba con poco más de siete mil habitantes en sus poblaciones reconocidas, de los cuales seis mil estaban concentrados en la villa de Bacalar. ⁷

    Al parecer, pues no tenemos testimonios de lo contrario, hasta 1830, los colonos ingleses no representaron una amenaza seria para ese semidespoblado territorio de la península. Todo parece indicar que los cortadores británicos se habían limitado a la explotación de los territorios del sur del río Hondo o simplemente las incursiones de los ingleses al norte del mismo no llegaban al conocimiento de las autoridades. Pero esta aparente tranquilidad para el gobierno yucateco pronto se vendría a interrumpir.

    Para 1832 las circunstancias hicieron que el gobierno del grupo pro centralista encabezado por José Segundo Carvajal se viese obligado a volver la mirada hacia esa imprecisa frontera con los colonia inglesa, y a que comenzara a sentirse la necesidad de colonizar el norte del río Hondo. A partir de entonces se dio paso a novedosos e interesantes proyectos con ese fin y, por supuesto, para propiciar el aprovechamiento de los terrenos aledaños a las riberas de dicho río.

Proyecto para la aprovechamiento de los recursos forestales del norte del río Hondo.

El primer proyecto, surgió a raíz de que el ayuntamiento de la villa de Bacalar impidió a Domingo Martínez, al parecer un cortador de gran escala, continuar "talando y destrozando" los bosques al norte del río Hondo, sin tener la licencia que las leyes exigían. El caso llegó hasta las instancias del gobierno que encomendó al senado la emisión de un dictamen al respecto ⁸. En él asentó que el artículo 19 de la ley 14, Titulo 24, Libro. 7 de la Novísima Recopilación, prohibían expresamente la tala de montes sin el permiso del "superior gobierno" y prevenía a los ayuntamientos de los pueblos que con "la mayor aplicación y cuidado" cuidasen su conservación, y el "cumplimiento" exacto de esta prohibición. En ese sentido sentenciaba que el ayuntamiento de Bacalar no había hecho más que cumplir con las obligaciones que en esa ley se le imponían, y que Martínez era un infractor de la misma, porque, hasta ese momento, no había presentado la licencia que la ley exigía. ⁹

    Para tratar de atenuar los perjuicios que le habían sobrevenido por suspensión de los trabajos que había emprendido, Martínez, según el mismo dictamen, solicitó al gobierno que le concediese un permiso para cortar caoba por el tiempo de cuatro años en aquellos mismos parajes. El ayuntamiento de Bacalar, oponiéndose a esta petición, por considerarla perjudicial para los vecinos de su municipalidad, propuso que los terrenos limítrofes al río Hondo se repartiese entre ellos, para que los cuidasen "con el interés y empeño ¹⁰ El senado argumentó que para lograr "tan importante objeto" así como para "aumentar la población y la riqueza pública" se habían emitido, el decreto de las cortes españolas de 4 de enero de 1813 ¹¹ -que disponía la reducción a propiedad particular todos los terrenos comunes y baldíos-, la orden de 20 de enero de 1820 -al parecer con ella se reactivó en el decreto anterior-, y el decreto de la legislatura del Estado de 29 de enero de 1824 ¹²-el cual tenía como objeto normar el cobro de arrendamientos de los terrenos comunes y baldíos¹³-.

    El senado, señalaba que con arreglo a estas disposiciones los vecinos de Bacalar pudieron haber pedido la repartición que en ahora solicitaba su ayuntamiento, y el gobierno, sin duda, habría accedido a sus peticiones. Es más, apuntaba que todavía podían hacerlo "excitados" por aquella corporación. Sin embargo, para que el gobierno tuviese "una regla fija a que sujetar sus procedimientos en este caso", el senado consideraba que el expediente debía ser turnado al Congreso pues las resoluciones de las cortes españolas estaban ya "derogadas en gran parte", por ejemplo -decía el dictamen- la disposición que asentaba que la hipoteca de los baldíos se destinasen al pago de la deuda pública de España eran ya obsoletas, además de que algunas autoridades -como la Diputación Provincial- que debían intervenir en la repartición de los terrenos ya no existían. El propósito era que el Congreso se sirviese dictar las medidas que le pareciesen "oportunas y convenientes", tanto para la concesión de las licencias como para la conservación de los árboles en los terrenos que no se repartiesen y de cuyo "lamentable destrozo" se quejaba el ayuntamiento de Bacalar.¹⁴

    En concreto, el senado recomendaba al gobierno: 1o. aprobar la conducta que observó el ayuntamiento de Bacalar respecto a la suspensión del corte emprendido por Martínez; 2o. dirigir al Congreso el expediente para "arreglar" el repartimiento de aquellos terrenos baldíos, para que éste fije "el modo y términos" en que debían concederse las licencias para el corte de maderas, así como las medidas conducentes a evitar la destrucción de aquellos montes y 3o. evitar resolver , mientras el Congreso no dictara esas providencias, no solamente sobre el asunto de Martínez, sino de cualquier otro caso de la misma índole.¹⁵

   Al turnársele el expediente, el Congreso elaboró un proyecto seis artículos que conformarían el decreto respectivo. En el que disponía que el gobierno concediese licencias "indistintamente" a los vecinos de Bacalar que tenían cortes de madera en el río Hondo -ubicado en los supuestos límites con la colonia inglesa llamada Belice- o a los que en el futuro quisieren hacerlo, pero siempre y cuando los terrenos no excediesen el límite de cinco leguas.¹⁶

   Una condición, para tales concesiones, era que tenían que pagar por concepto de derechos medio real por cada peso del valor de las maderas que extrajesen. Establecía que el importe sería cobrado por el ayuntamiento de Bacalar, que debía ingresar la mitad a la tesorería del estado, e ingresar la otra a su fondo de arbitrios. Se asentaba además que quienes obtuviesen concesiones, debían emplear para el corte, conducción y "elaboración" de dichas maderas, exclusivamente "a los hijos del país" y prohibía terminantemente la introducción de colonos del establecimiento de Walix (Belice), bajo la pena de perder el derecho al corte, y la confiscación de todas las maderas que hubiesen cortado y aún no se hubiesen extraído del estado. Asimismo, se aclaraba que el gobierno no concedería licencias para cortes en terrenos que distasen de los pueblos menos de tres leguas, ni en aquellos en los que ya hubiese concedido licencia a otra persona.¹⁷

   También señalaba que los que tuviesen dichas licencias podían exportar las maderas pero nunca vender los árboles en pie, sin duda en prevención de que algún poseedor de licencia cediese la explotación a los colonos ingleses. El sexto señalaba que el gobierno encomendaría al ayuntamiento de Bacalar y a la municipalidad de "Chichenjá" (Chichanhá) la protección y auxilio a este ramo de la industria "sin oponer trabas" a los que lo ejercitasen con la licencia respectiva.¹⁸

   Este proyecto, había partido no sólo para frenar a infractores yucatecos en cuanto al corte de madera en aquella zona o por ser una alternativa como fuente de ingresos para el ayuntamiento y la tesorería estatal, sino que también respondía a una necesidad de colonizar esa imprecisa frontera y así tratar de detener un posible avance inglés. Asimismo, refleja que no quería problemas con los colonos ingleses. Esto se deduce cuando en la parte relativa a quienes se debía emplear para el corte, conducción y "elaboración" de las maderas, se recalcaba que solamente debían ser "los hijos del país", entendemos pues que de ese modo se prohibía sutilmente el empleo de la mano de obra de origen africano que utilizaban los ingleses y que eventualmente se fugaban hacia territorios de la península. Aunque no hay que descartar que esta prohibición también podría responder a que era prioritario emplear a los habitantes de Yucatán y en particular a los de Bacalar. Además, de ese modo se frenaba las posibles pretensiones de cortadores yucatecos a adoptar el sistema esclavista de los ingleses, pues existía una tradición, heredada del régimen colonial, de dar asilo y libertad a los esclavos que abandonasen los establecimientos de Belice¹⁹ .

    Por otra parte, cabe anotar que no obstante el reducido número de pueblos de esa zona, o quizá en virtud de no existir la necesidad de enajenar sus tierras, el proyecto denotaba la intención de evitar conflictos, al señalar la distancia de tres leguas que debía mediar entre ellos y los establecimientos de corte.

   En fin, algo que habría que destacar, es que este proyecto era el primero que había surgido, al menos durante la etapa republicana, con la finalidad de colonizar una zona específica de la península. Ciertamente la ley de colonización de 1825, señalaba la preferencia que debían tener en las concesiones los "feraces" terrenos de los partidos de la Sierra Alta y Camino Real Alto para su colonización, pero, obviamente, no fue un proyecto ad hoc para la zona, sino para todos los partidos del estado²⁰. El proyecto río Hondo -para llamarlo de algún modo- rompía con el carácter generalizador de los que lo habían antecedido. Empero esa heterodoxia era lo de menos, lo que consideramos importante es la trascendencia que vendría a tener en el transcurso de los años subsiguientes.

   Los seis artículos, fueron aprobados por el Congreso y constituyeron la orden de 18 de octubre de 1832²¹. Empero la administración estatal que debía ponerla en ejecución no pudo tener la longevidad suficiente para ello, porque para noviembre de ese mismo año volvió al poder político del estado el grupo que había sido derrocado por el movimiento pro-centralista de José Segundo Carvajal. Todas las disposiciones legislativas del gobierno de Carvajal fueron anuladas puesto que sus opositores lo consideraron un gobierno "ilegítimo". Sin embargo la necesidad de colonizar esa zona era imperiosa, y por lo mismo no pudo ser inadvertida por distintas administraciones en los años subsiguientes.

    Cabe de una vez apuntar que la colonización del norte del río Hondo fue una preocupación constante para los dos grupos políticos que se disputaban el poder y, por ende, motivo de interesantes proyectos.

Una barrera a los ingleses: la colonización de la "banda oriental"

El año de 1833 fue fecundo en proyectos que estaban orientados o, por lo menos, estrechamente vinculados a la urgente necesidad de colonizar la región sudoriental de la península yucateca para contener el avance inglés, pero esto sólo se podría lograr mediante el fomento de la industria del corte de maderas. Veamos cuatro interesantes propuestas que en torno a esa cuestión se plantearon.

Proyecto para habilitar como puerto a Bacalar

Desde febrero de 1833 el Congreso había recibido por conducto del gobierno una iniciativa del ayuntamiento de Bacalar para que su municipalidad se habilitase como puerto. La iniciativa fue turnada a la comisión de hacienda que dictaminó que la habilitación de la villa de Bacalar como puerto no era "conveniente al Estado" y que después de un ligero debate entre los diputados, se declaró que "no había lugar a votar" y se devolvió el expediente a la comisión, por supuesto, para que elaborase un nuevo dictamen. ²²

El mismo gobernador del estado en un "mensaje" de ese mismo mes había instado a la legislatura para que se ocupase de

"dar una ley de colonización para proporcionar a nacionales y extranjeros los feracísimos terrenos de la banda oriental del estado y las márgenes al norte del Río Hondo, para que nuestra población se aumente, reciba mejoras nuestra industria y se ponga por este medio una barrera a los avances que hacen los ingleses en nuestro territorio".²³

   En marzo el congreso solicitó que el gobierno comisionase a un "sujeto" para que hiciese "un reconocimiento formal" de esas zonas, y con base en el informe procediese a proponer una ley para la colonización de esos terrenos. ²⁴

    No tenemos noticia de que se hubiese enviado algún comisionado, pero a mediados de mayo de 1833, se dio lectura en el Congreso a un proyecto de los diputados Casares (Miguel), Yenro, Cantón, Arredondo y Aguilar, cuyos planteamientos conjuntaban la necesidad aludida por el gobernador, como el problema, y la iniciativa del ayuntamiento de Bacalar, que ahora hacían suya, como la solución.

    Los promotores del proyecto exponían que la conservación de la integridad del territorio del estado, el mejoramiento de la agricultura, el impulso al comercio, que conllevaría a poner un "dique al escandaloso contrabando" y "otras razones de conveniencia y estabilidad", los había motivado para pedir al Congreso y de conformidad con los "sentimientos del gobierno" respecto a la necesidad de poblar "la parte oriental" del estado, se sirviese tomar en consideración su iniciativa cuya finalidad sería la de obtener de las "soberanas cámaras de la unión", la autorización para la habilitación como puerto a Bacalar.²⁵

    Para lograr ese propósito abundaban en que la protección a la agricultura era una de las principales obligaciones de "un gobierno paternal" puesto que -agregaban- de ella dependía la riqueza del país que generaba la comodidad y el bienestar de la sociedad "en general" y de cada uno de los que la componían "en particular"²⁶.

    Refiriéndose al espacio que se pretendía colonizar, apuntaban que las montañas de Bacalar había sido "inaccesibles a la planta humana" no obstante que eran "por su naturaleza y situación feraces en [toda] la extensión de la palabra". En ellas, añadían, abundaban tanto los animales "cuadrúpedos" como los "volátiles" algunos de los cuales contribuían a la manutención del hombre y otros que, según el fin para el que se aplicaran, podrían constituir algunos renglones de comercio de "bastante utilidad". Además -decían- con las diferentes clases de sólidas maderas se podría formar un ramo de comercio de considerable importancia.²⁷

                    Los exponentes señalaban que era sabido que aquella gran extensión de terreno, no había podido cultivarse ni poblarse, porque no teniendo un puerto abierto y habilitado para exportar los frutos o productos de los colonizadores, sin duda se perderían o "no recompensarían los afanes del labrador", por no poderlos vender en el país con la "comodidad y estimación que en los otros". Mientras tanto -advertían-:

"Los habitantes de la colonia Ynglesa, Belice, limítrofe con las montañas de que se trata, diariamente hacen abances desmembran el territorio, atraídos por la codicia de los tesoros que aquellas encierran: sin respetar el tratado que señala los límites de cada territorio, traspasan la linea y se posesionan arbitrariamente de muchos paños de tierras con notable perjuicio de la República, del Estado y de los CC. que la componen como los únicos acreedores y con derecho a las utilidades que nos arrebatan los extranjeros”²⁸ .

    Asimismo, recordaban que el gobernador, en su mensaje en la apertura de sesiones del Congreso, había recomendado se tomasen las medidas que contuviesen el abuso que sobre el territorio del estado se encontraban haciendo los ingleses y que seguirían haciendo si no se acudía a "un medio prudente, pero capaz de conseguir su objeto" y el cual, según debía entender el Congreso, era la colonización de la parte oriental de la península. Los exponentes no tenían duda de que lograda la colonización, los pobladores serían "los mejores defensores de la integridad del territorio, como interesados en la utilidad de sus frutos y en la tranquila posesión de sus propiedades". Estaban seguros por tanto que con la habilitación del surgidero de Bacalar como puerto, pronto se tendría como resultado la población de aquellas llanuras, una floreciente agricultura, así como un activo comercio con la nación británica y otros países. Al mismo tiempo se evitaría el "escandaloso" contrabando que "impunemente" se hacía encubierto por la soledad de aquellas costas y desfiladeros con notable perjuicio del comercio de Mérida y aun para el de Campeche, y por añadidura -decían- se vería favorecido el tesoro público y consolidarse la esperanza de hacer una de las mejores aduanas de la república.²⁹

    En concreto, los exponentes pedían que el Congreso discutiese la iniciativa de habilitar como puerto a Bacalar, y de aprobarla la turnase a las Cámaras de la Unión. Asimismo, recordaban a la legislatura que la comisión de hacienda tenía en sus manos desde febrero una iniciativa con el mismo objeto del ayuntamiento de Bacalar sobre el cual nada había dictaminado.

    El 29 de mayo la comisión de hacienda sometió su dictamen a la deliberación del Congreso el cual aprobó su único artículo que disponía que la legislatura formalizaría la iniciativa ante las cámaras de la unión para que se concediese la habilitación como puerto a la villa de Bacalar, y que se nombraría de su seno una comisión especial que debía formularla. A moción del diputado Cantón, fue nuevamente leída la iniciativa que ya hemos referido ampliamente³⁰ y al parecer pasó, por lo menos, a formar parte del expediente que se debió turnar a la legislatura nacional, de la que al parecer no hubo respuesta, al menos en el sentido positivo que esperaban los promotores del proyecto..

Ayuntamiento de Bacalar: corte de maderas y arbitrios

El ayuntamiento de la villa de Bacalar había solicitado al gobernador desde marzo de ese mismo año de 1833, en vista de que su fondo de arbitrios no eran suficientes para cubrir sus gastos municipales, se le concediera medio real por peso del valor de la caoba que se cortaba en las inmediaciones de rio Hondo

³¹. Evidentemente estaban solicitando lo que el gobierno “intruso” (se refería a la administración anterior encabezada por José Segundo Carvajal y conformada por integrantes de un grupo político antagónico al que regía en 1833) había decretado el 18 de octubre de 1832 -recuérdese que fijaba ese mismo impuesto, de cuyo producto debía ingresar la mitad a la tesorería del estado y la otra a los fondos Bacalar-, pero en esta ocasión pretendía que los ingresos fuesen sólo para su municipio.

    En atención a ese problema, y, por supuesto, al interés que había por fomentar el corte de maderas en ese partido y en otros que también dependían en cierta medida de esa actividad, el Congreso expidió el 19 de abril una ley que declaraba libre el corte de maderas en los terrenos baldíos. En sus consideraciones, el Congreso aludió que la libertad en el corte de maderas que producían los terrenos antes conocidos como realengos o baldíos para todos los que quisiesen hacer uso de ellas, sería "sumamente útil" para el progreso de dicha industria. Además señalaba que las leyes -se refería a los decretos vigentes antes del régimen carvajalista- tenían ya previsto el modo y forma con que debía hacerse este aprovechamiento. Por último consideraba que las concesiones y privilegios dados a particulares -por el gobierno de Carvajal³² -, recaían en perjuicio de "los demás ciudadanos" a quienes, precisamente por corresponder los terrenos que se concedieron a los bienes comunales, no se les debía restringir su "goce"³³.

    En cuya virtud el primer artículo declaraba libre el aprovechamiento de las maderas para todas las personas que quisiesen hacer uso de ellas, siempre que los terrenos en los que se hallasen no fuesen de propiedad particular o de dominio concejil de los pueblos. En el segundo se disponía que quienes quisiesen disfrutar se esta "franquicia", deberían hacerlo "con entero arreglo a las leyes del caso". Un tercer artículo derogaba todos los privilegios y concesiones hechas a particulares para el referido corte de maderas, por lo tanto disponía que los que los habían adquirido no tendrían ya el derecho para prohibir el uso de las maderas en los terrenos que tales disfrutaban.³⁴

    La ley no correspondía a los ingresos que pretendía obtener el ayuntamiento de Bacalar, a no ser que entre las "leyes del caso" que alude se encontrase alguna con la que pudiese lograr su objetivo. Esta, únicamente podía ser el decreto de 29 de enero de 1824, que disponía que solamente el producto de arrendamiento de tierras comunales pertenecía a los municipios, pues el de los baldíos correspondía a la tesorería del estado. El decreto de las Cortes de Cádiz de 4 de enero de 1813, como se le expuso al mismo ayuntamiento en la época del gobierno "ilegítimo" era ya obsoleto. El decreto de 18 de octubre de 1832, que en atención a un problema relativo al corte planteado por ese ayuntamiento, emitió la administración "ilegítima" de Carvajal, sólo le concedía la mitad de lo que ahora pretendía. Además aunque le hubiese concedido el total, su vigencia sería improbable porque todos las disposiciones de la misma procedencia habían sido declarados insubsistentes y su rehabilitación o aclaración correspondía al mismo Congreso.

    En fin, el ayuntamiento de Bacalar no debió haber quedado satisfecho con la nueva disposición y no tardaría en dar muestras de cierta rebeldía.

    El gobierno recibió en octubre la exposición de "varios vecinos" de Bacalar en la que solicitaban el permiso necesario para efectuar el corte de maderas en las cercanías del río Hondo también llamado Ric (o Rik). Al turnarla al Congreso el gobernador expresó que las ventajas y utilidades que resultarían al estado por la realización de aquel proyecto eran "notorias" y por lo mismo los solicitantes eran dignos del "privilegio" que solicitaban. ³⁵

    Sin embargo, la resolución del Congreso demoró y todo parece indicar que el ayuntamiento de Bacalar por iniciativa propia otorgó las licencias. Esto se deduce de un comunicado del gobernador a esa corporación de fines de noviembre en la que le expresa que en atención a la información que le hizo llegar, aprobaba los permisos que había concedido para establecer cortes de madera, pero que en adelante los que quisiesen esa "franquicia" debían ocurrir al gobierno por conducto del ayuntamiento que debía informar lo que considerase conveniente sobre cada una de las solicitudes. No obstante, le indicaba que en tanto se resolvía lo correspondiente a ellas, podía conceder a los interesados "licencias provisionales" siempre y que no incurriesen en ninguno de los impedimentos que contemplaba el decreto de 19 de abril de ese mismo año.³⁶

    Finalmente el ayuntamiento de Bacalar, tuvo que conformarse con seguir las disposiciones del referido decreto para el corte de maderas, y por supuesto a seguir las instrucciones que le dio el gobernador. Esto se observa porque hasta principios 1834, por lo menos, se atuvo a ellas, es decir, turnar las solicitudes al gobierno para que en vista de ellas y el informe correspondiente del ayuntamiento, procediese a conceder las licencias.³⁷

Proyecto para hacer navegable el río Hondo

Un oficio del gobierno al Congreso deja entrever que en el mismo año de 1833 otros "vecinos" de Bacalar, quizá los más pudientes, pretendían incursionar en la tala de maderas y, al mismo tiempo, se proponían explorar y hacer navegable el río Hondo, desde luego para facilitar esa explotación. Del mismo modo el oficio nos permite saber que el Congreso formuló en diciembre de 1833 un decreto en el que pretendía responder a aquella pretensión. Empero, al recibir el gobernador el referido decreto se vio en la necesidad de decir al Congreso que dudaba que los individuos que promovían el proyecto se diesen por "agraciados" con él. Por tal motivo, decía estar en una disyuntiva: dejar "correr" tal decreto en los términos en que se hallaba concebido o hacer observaciones sobre su contenido en virtud de que consideraba que aquellos no recibirían la "ventaja" que requerían para su empresa. ³⁸

    El gobernador se decidió por lo segundo, porque según sus propias palabras, estaba convencido, "con no poco sentimiento", que un proyecto que generaría "tanta utilidad" si se llevase a efecto la idea de "penetrar" el indicado río y poner "en sus confines" establecimientos destinados al corte de maderas que abundaban en aquella zona, sin duda se abandonaría, porque en el decreto se "condenaba" a los interesados a hacer más erogaciones -sin duda por concepto de impuestos- de las que tendrían que realizar para llevar al cabo su proyecto.³⁹

    Agregaba que si se reflexionaba a fondo, como lo exigía un asunto de esa naturaleza, el logro de tal empresa equivaldría a "algo más" que a una nueva "invención industrial", por supuesto, muy útil al estado. Amén de que se sabía "con la mayor certeza" -apuntaba el gobernador-

    "que los habitantes del los establecimientos de Walix (Belice) se han ido saliendo de los límites que les señalaron en el tratado de Amiens, y que en el día van procurando dar más ensanche á su territorio para aprovecharse de los lugares abundantes de maderas. ¿ Y podrá encontrarse mejor dique y mas inespugnable muro o coto para oponerseles que [el que] tomen posesión los habitantes del Estado de unos puntos en los que ya tendrán acaso sus miras los británicos?⁴⁰

    Esta sola consideración, frenar a los ingleses, según el gobernador bastaba para recomendar el proyecto. Pero todavía habían otros motivos que lo hacían interesante.

    El río Rik (Hondo) no tenía, según el gobernante, uso alguno porque era impenetrable tanto por tierra como por el agua, y por consiguiente el terreno de sus riberas, sus maderas y demás producciones sólo podían aprovecharse removiendo los "poderosos obstáculos" que impedían su penetración. Pero ésta no se lograría sino a fuerza de "gastos crecidísimos" y a costa de exponer las mismas vidas de los exploradores, pues habían "sobrados fundamentos para presumir que tendrán encuentros con bárbaros indígenas que habitan las selvas y montañas incultas de aquel rumbo"⁴¹.

    El Estado -puntualizaba el gobernante- nada arriesgaba concediendo la explotación bajo la condición que solicitaban los que se habían propuesto realizarla y costearla, además de que pasado el tiempo que aquellos pedían de gracia para recuperar sus erogaciones y alguna ganancia, le quedaría a los demás habitantes del estado un "paso franco" para aprovecharse de las ventajas de los propios terrenos. Inclusive el gobernador se anticipaba a asegurar que aunque se concediese la exclusividad a los promotores del proyecto, de su beneficio se harían partícipes todos los vecinos de Bacalar ya sea por las relaciones y enlaces que tenían entre si los moradores de esa villa o por la "multitud de brazos" que hallarían en la realización del proyecto ingresos para su subsistencia.⁴²

    Por todas la consideraciones planteadas en su exposición, el gobernador no dudaba que serían tomadas en cuenta para que el Congreso se decidiera a conceder los privilegios que solicitaban los promotores del proyecto, pues con el decreto que se había formulado para el caso sin duda los induciría a renunciar a sus propósitos que él consideraba de gran beneficio para el estado. Pero todo parece indicar que no hubo por parte del Congreso una acogida favorable a esas recomendaciones. Si la hubo es improbable que el proyecto se hubiese llevado a efecto, pues para julio de 1834 el gobierno fue derrocado a raíz de un movimiento promovido en Campeche y encabezado por el comandante militar del Estado, Francisco de Paula Toro.

Proyecto Cayo Obispo

Era notoria la preocupación del ayuntamiento de Bacalar, como hemos visto, porque en los terrenos de su partido se fomentaran los establecimientos de corte a favor de los habitantes de esa villa y contribuir con ello a poner "un dique" al avance inglés. Pero para lograr este propósito consideró pertinente otro medio que tendía a afectar los intereses de sus rivales territoriales. A mediados de diciembre el ayuntamiento hizo del conocimiento del gobernador un proyecto para colonizar el punto llamado Cayo Obispo⁴³ con los "morenos" (originarios de Africa traídos por los ingleses) que habían hecho a esa corporación la solicitud correspondiente por la que pedían ciertos "privilegios y franquicias". Al turnar el gobernador al Congreso el proyecto lo apoyó diciendo que además de las "conocidas ventajas" que reportaría al estado, "se privaría de aquellos brazos a los establecimientos de Belize que a más de servirse de ellos para aprovecharse de nuestras maderas, algún día podrán destinarlos á las armas para ostilizar este suelo"⁴⁴

    La política de dar asilo a los esclavos de los ingleses no era nueva entre las autoridades peninsulares. Las quejas de los británicos de Belice respecto a que los españoles asentados al norte del río Hondo (Bacalar) era porque con frecuencia daban asilo a los que huían . Estas reclamaciones, según Bolland, son constantes en los registros del siglo XVIII e inclusive hasta mediados del siglo XIX. Obviamente los españoles no fueron altruistas, al prometer la libertad a los esclavos que escapaban, sino que adoptaban dicha política con la esperanza de minar los asentamientos ingleses, dejándolos sin fuerza de trabajo⁴⁵ . Lo cual era una forma de compensar las infructuosas incursiones de los españoles por desalojar a los ingleses de Belice.

    La colonización del norte del río Hondo era una cuestión prioritaria, el avance inglés era una seria amenaza, sin embargo, este "medio prudente" para enfrentarlo no había podido salvar diversos obstáculos, en especial los que concernían a la incompatibilidad de las disposiciones legislativas con los intereses de los potenciales colonizadores y/o con los del ayuntamiento de Bacalar.

    Los dos grupos políticos que alternaron en el gobierno de la península de 1829 a 1834 aunque tuvieron como común denominador la preocupación por contener el avance inglés también tuvieron distintas posturas para atacar ese problema. Si resumimos que el éxito de la empresa colonizadora radicaba en la conciliación de intereses, podemos concluir que no obstante el empeño de los "verdaderos federalistas" por promoverla, fue el gobierno "ilegítimo" de Carvajal, a través del decreto del 18 de octubre de 1832, el que mejor pudo haber conciliado los intereses del gobierno del estado, los del ayuntamiento de Bacalar y los de los cortadores. Sin embargo, ni por equivocación este decreto fue reactivado con la vuelta de los federalistas. Habría que reconocer que los proyectos planteados durante el régimen de estos últimos, eran mucho más ambiciosos, pero sin duda aquel decreto pudo ser una base para las pretensiones de fomentar las actividades productivas y lograr una eventual colonización masiva del norte del río Hondo.

    Todo parece indicar que hasta 1834 lo único que siguió realizando el gobierno a través del ayuntamiento de Bacalar fue la limitada concesión de licencias para el corte de maderas al norte del río Hondo o en zonas aledañas a esa villa a todo aquel que se interesara en esa actividad, pero sin los privilegios que algunos cortadores solicitaban para llevar a cabo una empresa de mayor envergadura. También sin los que dicho ayuntamiento solicitaba para incrementar sus fondos municipales o para habilitar a Bacalar como puerto, lo cual coadyuvaría a fomentar de manera significativa la colonización de esa imprecisa frontera y, al mismo tiempo, apoyar la iniciativa de los interesados en financiar establecimientos de corte de maderas que fungirían como fuentes de trabajo que beneficiarían en general a todos los vecinos de esa villa como se decía.

El avance inglés (1834-1847)

Para 1834 el grupo procentralista yucateco volvió al poder al derrocar a los "verdaderos federalistas" y para 1836 estaba ya plenamente instaurado el sistema centralista que encabezaba el presidente de la república Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, prevaleció un clima tenso y de inestabilidad política. En Yucatán de 1834 a 1840, se sucedieron en la gubernatura siete individuos ⁴⁶.

    Durante el breve periodo en que se hizo cargo del gobierno en 1835, Pedro Sainz de Baranda tuvo la oportunidad de tratar un asunto relativo a las incursiones de los ingleses en territorio yucateco que nos corrobora que nada se había podido hacer para poner aquel tan esperado "dique" a su osadía, es decir, que el grupo político que había dispensado tanta atención en 1833 a este problema fue incapaz de generar una acción efectiva, y si acaso tenía el problema entre sus asuntos pendientes no tuvo la longevidad suficiente para intentar una resolución. Pero el gobierno centralista no tuvo ni siquiera un proyecto con el propósito de contener ese avance.

    En enero de 1835 Sainz de Baranda hizo del conocimiento del senado una exposición del jefe político de Bacalar en la que según el gobernante se daba "una idea" de que los colonos de Walis (Belice) no respetaban los límites del territorio yucateco. Añadía que con perjuicio del erario público y de la federación se introducían a cortar maderas y a "sacar todo el aprovechamiento que pueden en los terrenos limítrofes a aquel establecimiento, desconociendo los derechos del Estado".⁴⁷

    Pero no obstante que reconocía que aquel asunto era de suma importancia y trascendencia y que era necesario promover alguna "providencia" para impedir aquella invasión, no dejó de señalar que no estaba entre sus facultades su resolución, y se limitó a disponer que el senado reuniese las constancias necesarias relativas a los límites del territorio del estado con base en los tratados con la "Nación Británica...si existen en algún archivo". En fin, recomendaba al senado "acumular" cuantos documentos se requiriesen para defender el derecho del estado a fin de que con ellos "se ocurra motivadamente al Esmo. Sor, Presidente de la república por la resolución conveniente".⁴⁸

    No se tiene noticia de alguna resolución al respecto, pero todavía en 1836, los ingleses no solo seguían talando en territorio yucateco sino inclusive se dio el caso de que presentaran denuncias contra vecinos de Bacalar. Tal fue el caso de Francis Young, a quien la Junta Departamental expresó en un acuerdo de 17 de septiembre de ese año que si se consideraba perjudicado por aquellos podía ocurrir a "deducir" su derecho ante los tribunales del Departamento, para que se le administrase justicia "como a los demás ciudadanos"⁴⁹.

    No obstante el acuerdo señalaba a manera de advertencia para Young -quien sin duda efectuaba sus cortes en un terreno que había sido concedido a un cortador nacional que a su vez se lo cedió-, que los ciudadanos mexicanos que habían obtenido el "privilegio exclusivo" del gobierno para el corte de maderas, no tenían derecho para "enajenar esta gracia" a ningún extranjero, y por lo tanto las enajenaciones de ese tipo que se hubiesen hecho por cualquier motivo eran nulas. Por último asentaba que cualquiera que infringiese esta disposición, es decir que vendiese o traspasase a algún extranjero el privilegio que obtuviese del gobierno, perdería por el mismo hecho "el uso de la gracia, y el respectivo terreno quedaría, como antes, enteramente libre"⁵⁰.

   Del anterior acuerdo se deduce que si bien el gobierno no había procedido eficazmente contra las incursiones de los ingleses, mucho menos se podría lograr cuando los mismos cortadores nacionales se hacían cómplices al ceder clandestinamente sus derechos a sus similares ingleses. Al parecer este tipo de problemas persistieron por lo menos hasta el último año del primer régimen centralista, puesto que en noviembre de 1839 las autoridades se hallaban ventilando un caso todavía peor -que fue acreedor de una "contestación" del superintendente de Belice al gobernador de Yucatán- relativo a la ocupación o despojo de un establecimiento de la "propiedad" de don Victoriano Rodríguez en las inmediaciones del río Hondo por parte de un inglés. Rodríguez ocurrió al gobierno del estado, éste al gobierno de la nación que dispuso la "aclaración de límites" pero nada fructificó⁵¹. Al menos eso demuestra que el gobierno comenzaba a entrar más directamente en las fricciones ocasionadas por los cortadores ingleses con las autoridades de aquella colonia en atención a sus derechos territoriales. Sin embargo el gobierno centralista, como los anteriores, no pareció tener los recursos para poner en práctica algún proyecto y presentar una sólida resistencia al avance inglés.

    A principios de 1840, tras derrocar al régimen centralista, los federalistas se habían instalado nuevamente en el gobierno yucateco⁵². En octubre el periódico oficial publicó una interesante disertación que nos corrobora nuevamente la impotencia que había prevalecido para frenar a los cortadores ingleses. En ella se planteaba "¡cuánto interesaba una buena y bien meditada ley de colonización!" en particular para poblar la linea fronteriza con Belice y así impedir que se repitieran casos como el de Victoriano Rodríguez. Es decir, para impedir que la colonia británica continuase aprovechándose de la apatía con la que se había tratado el asunto de la colonización de esa zona.⁵³

    Sin embargo, la ley de colonización emitida en 1841⁵⁴ que dio pie a una gran acción para enajenar terrenos baldíos en toda la península, tampoco dio óptimos resultados para la anhelada colonización de la frontera beliceña. Las estadísticas relativas a esa enajenación territorial de 1843 a 1847, revelan que de las casi 750,000 hectáreas de tierras vendidas o concedidas por el gobierno solamente el 1.2 por ciento correspondían al partido de Bacalar⁵⁵. Lo cual nos indica que las perspectivas para frenar a los ingleses por esa vía seguían siendo desalentadoras.

Epílogo: la guerra de castas un paradójico remedio

Las consecuencias del fracaso de los proyectos para colonizar esa frontera estarían estrechamente vinculadas con la población indígena. En ese sentido nuestra hipótesis involucra a la guerra de castas y, por ende, a las comunidades indígenas rebeldes. En primera instancia, estamos convencidos de que de haberse realizado esa colonización difícilmente la guerra de castas hubiese tenido la magnitud que tuvo, pues los rebeldes se hubiesen encontrado entre dos fuegos de origen criollo yucateco, pero dado los fracasos de esos proyectos de colonización la mayor parte de ese inmenso territorio quedó, como durante toda la colonia, como zona de refugio. Allí se establecieron los rebeldes indígenas al ser repelidos del norte de la península por las fuerzas del ejército yucateco.

    Pero lo que queremos destacar es que paradójicamente la guerra de castas resolvió esa urgencia colonizadora tan proyectada por los criollos yucatecos. Su realización se debe a los mayas insurrectos. Los criollos, por estar cegados por el temor y el resentimiento que perduró hasta las vísperas del presente siglo no pudieron ver esta "ventaja". Ellos, insistimos, debieron a los indios rebeldes la realización de ese proyecto colonizador, si bien no como esos propietarios-soldados que quería Francisco Severo Maldonado en su proyecto de ley agraria para poblar una región inhóspita de Jalisco ⁵⁶ , sí como comunidades rebeldes a los que no les quedaba otra opción que defender ese territorio tanto de los criollos yucatecos como de los ingleses.

    Para hacer más inteligible esa paradójica solución conviene tener una idea del proceso colonizador inglés y sus relaciones con la población maya hasta antes de la guerra de castas y del proceso colonizador rebelde a raíz de la guerra y su impacto sobre Belice.

    El territorio que ahora se conoce como Belice estaba poblado por mayas que fueron desplazados y desposeídos por los británicos hasta replegarlos al occidente de lo que ahora se conoce como distritos de Cayo y Orange Walk. Los registros ingleses apenas los mencionan, pero Bolland ha podido demostrar que sus ataques fueron muy temidos por los taladores británicos, que al agotárseles los abastecimientos de madera más accesibles invadían las regiones ocupadas por esos grupos mayas que les oponían resistencia. Aunque estos mayas, en última instancia, fracasaron en su intento de limitar el expansionismo de los británicos, éstos siempre los consideraron una amenaza latente para sus poblaciones más aun cuando existía la posibilidad de una eventual alianza de estos indios con los esclavos. Ese temor hacia los indios era plenamente justificado, para mediados de 1847 -casi simultáneamente con el estallido de la guerra de castas- habían resurgido los ataques sobre los establecimientos ingleses⁵⁷.

    Si los ingleses vivían con ese constante temor por la presencia de esos grupos "salvajes", esto mismo nos da una idea más clara del impacto que sintieron cuando los mayas yucatecos rebeldes encontraron refugio en los territorios sud orientales de la península. No obstante, no fue sino hasta 1853 cuando los ingleses sintieron lo que verdaderamente les deparaba la guerra de castas. Veamos por qué.

    Los mayas de Chan Santa Cruz, empeñados en la prolongada guerra con los "blancos" yucatecos, "cruzaron, algunas veces, el río Hondo y atacaron los distritos del norte de Belice, pero nunca intentaron reclamar dichos territorios. [Chan] Santa Cruz en general prefería mantener buenas relaciones con los británicos, ya que necesitaban del abasto de armas y municiones que les llegaba de los comerciantes de Belice. Los funcionarios coloniales con frecuencia cerraban los ojos ante ese comercio de municiones, a pesar de las quejas del gobierno mexicano, siempre y cuando los de [Chan] Santa Cruz fueran los verdaderos dirigentes del territorio situado, justamente, al norte de la frontera de su población. Los británicos se cuidaban mucho de enojar a sus poderosos vecinos, que por la fuerza habían demostrado su disgusto hacia los blancos de Yucatán. Por eso, durante la guerra de castas, a los británicos y a los de [Chan] Santa Cruz, con pocas excepciones, les interesaba que el río Hondo siguiera siendo un canal pacífico de comunicación" ⁵⁸.

    Pero si bien los cruzoob y a los ingleses tuvieron ese mutuo interés, el gobierno mexicano deseaba acabar con el comercio de pertrechos de guerra para los rebeldes, lo cual pudo intentar a raíz de que una sección de los mayas (Xkanha, Lochha y Chichanha) se sometieron entre 1851 y 1853 a las autoridades mexicanas -más no a las yucatecas- por lo que a partir de entonces se les comenzó a conocer como los “pacíficos del sur”. Los mayas de Chichanha fueron los primeros en firmar el tratado de paz de 1851, pero la paz con las autoridades mexicanas significaba guerra con Chan Santa Cruz que casi inmediatamente los atacó incendiando su pueblo y capturando a su líder, Angelino Itzá. En 1853 de acuerdo con el nuevo tratado, los pacíficos del sur lucharían en contra de los cruzoob, mayas contra mayas, y los de Chichanha accedieron a proporcionar 400 hombres para la causa de los mexicanos. En particular, éstos deseaban que Chichanha interrumpiera el comercio de pertrechos de guerra entre Belice y Chan Santa Cruz.⁵⁹

    Inferimos que a partir de entonces, al mismo tiempo que quedó claro que los "verdaderos" enemigos de los blancos yucatecos eran las comunidades que siguieron reconociendo la autoridad de los líderes cruzoob, también quedó definido que los ingleses tenían ya a sus propios enemigos mayas, los de Chichanha.

    En septiembre de 1856, los mayas de Chichanha, encabezados por Luciano Tzuc, atacaron los aserraderos de caoba de Young, Toledo y Company, en Blue Creek. Exigían renta para poder cortar madera en territorio mexicano y un rescate por los prisioneros. En mayo del año siguiente se repitió la incursión. Sin embargo en 1857 un nuevo ataque de Chan Santa Cruz a Chichanha vino a agravar la situación de sus pobladores y a la postre para los ingleses. Casi la mitad de las "fuerzas" de Chichanha acompañados de mujeres y niños, guiados por Asunción Ek, se encaminaron hacia el sur y se establecieron en territorios guatemaltecos y de Belice. En 1860 los cruzoob volvieron a atacar Chichanha y Luciano Tzuc estableció a los sobrevivientes en un lugar cercano a la frontera con Belice, en Icaiché, acción que obligó a las poblaciones encabezadas por Asunción Ek a penetrar más en territorio beliceño, precisamente al norte del río Belice donde establecieron sus poblados.⁶⁰

    Las relaciones entre los ingleses y los mayas de Icaiché se fueron haciendo más tensas, pues desde la muerte de Tzuc en 1864, ocupó su lugar Marcos Canul, hombre que demostraba poco respeto por la autoridad británica y no aceptaba reclamos de territorio de la zona noroccidental de la colonia. Su ataque al campamento de caoba de Qualm Hill en río Bravo, en abril de 1866, preocupó mucho a las empresas madereras y a la administración colonia inglesa. En 1866, la desconfianza de las autoridades de Belice obligaron a los mayas de San Pedro (población situada al occidente de Belice bajo el mando de Ek) a aliarse con los de Icaihé. Protestaron contra abusos de las tropas inglesas, exigieron el pago de renta por un campamento de caoba a lo cual respondieron los ingleses con un ataque a San Pedro pero del que no resultaron bien librados. En 1867 con un nuevo ataque los ingleses destruyeron esa misma población y a otras seis lo cual hizo que sus habitantes abandonaran temporalmente sus pueblos. Sin embargo, los mayas de San Pedro e Icaiché no claudicaron, continuaron sus reclamaciones y ataques hasta 1879. Para 1882 los ingleses mediante una amenaza de bloqueo comercial habían logrado que Santiago Ché, quien en ese entonces era líder de Icaiché, declarara que respetaría los límites que exigían.

    Resuelto el problema que representaban los icaiches, los británicos consideraron que ya no era necesario mantener la alianza informal con los mayas de Chan Santa Cruz. Tras intensas presiones diplomáticas del gobierno mexicano, las relaciones entre los ingleses y los cruzoob se deterioraron. En 1886 Gran Bretaña y México reiniciaron negociaciones para determinar sus límites fronterizos. Para entablar negociaciones, los mexicanos exigieron que los británicos dejaran de abastecer de armas a Santa Cruz, y los británicos que México controlara tanto a los cruzoob como a los icaiches, e impidiera que los indios atacaran la colonia. En 1893 se firmó el tratado correspondiente y de esa manera, los gobiernos de ambos países convinieron en "pacificar" a los mayas de uno y otro lado⁶¹.

    A los reclamos, ataques y resistencia que los ingleses afrontaron contra los indígenas, habría que sumar que los británicos, cuya única preocupación era la extracción de madera, consideraban que los métodos agrícolas mayas (el sistema de roza) eran una amenaza para las reservas forestales, mientras que los mayas consideraban que el expansionismo de los taladores británicos amenazaba su territorio y su independencia.⁶²

    A partir del resurgimiento de los mayas "salvajes" y de la presencia de los rebeldes y refugiados mayas yucatecos de la guerra de castas, todo parece indicar que la actividad de los cortadores de maderas ingleses atravesó por una crisis o por lo menos su principal producción que desde el último tercio del siglo XVIII era el corte de caoba⁶³ ya no volvió a registrar el vertiginoso ascenso como se había registrado en los 16 años anteriores a la guerra de castas. Para dar una idea de esto sólo diremos para 1830 Belice exportó 4 millones 557 mil pies cúbicos de caoba, en tanto que para 1846 la caoba exportada ascendió a 13 millones 719 mil pies cúbicos. No se tienen datos de la del período que va de 1847 a 1856, pero es notable que de 1857 a 1868 no solamente nunca se volvió a registrar una exportación beliceña anual semejante a la de 1846, sino que en ese periodo dichas exportaciones fueron decreciendo considerablemente⁶⁴.

    Pudieron darse otros factores para que a raíz de la guerra de castas los beliceños sufrieran esa restricción en su producción, pero no nos queda la menor duda de que la principal fue el clima de inseguridad para la explotación furtiva o ilegal de los bosques yucatecos o, inclusive, en los mismos territorios que los ingleses consideraban como suyos antes de la guerra. Tanto los rebeldes cruzoob como los de Icaiché cuidaban celosamente el cobro de derechos a sus "socios comerciales" ingleses para que pudiesen explotar sus dominios. Esto, por lo menos hasta el último lustro del siglo XIX, cuando se supone que la población rebelde había disminuido notablemente.

    A pesar de las desventajas "comerciales" que ofrecieron para los grupos mayas sus relaciones con aquellos colonos, inferimos que su resistencia o su simple presencia como dueños de esos territorios impidió que los ingleses ampliaran sus dominios. Este riesgo era muy factible, de allí la constante preocupación del gobierno yucateco porque se colonizara esa zona, el cual debió tener muy presente que Texas, otro territorio fronterizo, había pasado a manos de los norteamericanos en 1845. En fin, la colonización mayas proporcionó el tiempo suficiente para que el debilitado Estado mexicano se fortaleciese con la paz porfiriana y llegar a un convenio fronterizo con los ingleses, lo cual al mismo tiempo significó el preludio de la caída de las comunidades rebeldes y de la paulatina colonización no indígena de la zona sudoriental del actual estado de Quintana Roo⁶⁵.

CUADRO 1

EXPORTACION ANUAL DE CAOBA
BELICE, 1830-1856

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AÑO

MILES DE PIES CUBICOS

AÑO

MILES DE PIES CUBICOS

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1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838-44 1845 1846 1847-56

4,557 3,866 5,015 4,565 6,308 6,421 9,768 8,500 ...... 9,320 13,719 ......

1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868

7,267 6,275 5,439 8,090 8,657 8,885 6,196 7,135 5,240 5,167 4,156 3,007

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Fuente: Nigel Bolland O. "Labour control in post abolition Belize", Journal of Belizean Affairs, No. 9, Dic. 1979. Cuadro tomado de Higuera Bonfil, “Fronteras”, Anexo 1.